sábado

El proyecto que se nos fue

Hoy Enrique Peña Nieto tomó protesta como nuevo presidente de México. No escribiré aquí ni sobre la forma y ni sobre el fondo que le permitieron llegar a la silla presidencial.

Sin embargo de entre muchas de las preocupaciones que a mi me rondan –además del excesivo poder que se le dará a la Secretaría de Gobernación y de la poca experiencia y preparación que priva en casi todos los miembros del gabinete- resalta lo relacionado al desarrollo rural, la política social para el campo y la producción de alimentos.  Durante su campaña EPN hizo poca mención sobre estos temas, con excepción de la reiterada promesa de “modernizar al campo” -cualquier cosa que eso pueda significar-.

Los nombramientos de Enrique Martínez y Martínez y de Jorge Carlos Ramírez Marín, como nuevos secretarios de la SAGARPA y de la Secretaria de la Reforma Agraria, evidencian el desinterés, la poca importancia y la nula preocupación que el nuevo gobierno tiene sobre el desarrollo rural, la actual situación del campo y la producción de alimentos.

La SAGARPA es la secretaria que elabora, planea e implementa proyectos relacionados al desarrollo de la agricultura, la ganadería, la pesca y la alimentación. En teoría es la instancia preocupada por promover, fomentar y defender la producción nacional para el mercado interno y externo.

En la práctica –y especialmente en el último sexenio- fue todo lo contrario al grado de promover permisos para que empresas transnacionales experimenten con cultivos de soya y maíz transgénicos en varios estados de la República amenazando la producción nacional y las variedades de maíces criollos. En la práctica ha sido la Secretaría que ha hecho caso omiso a las demandas que provienen del campo y de la costa avalando el recorte a subsidios oficiales para incentivar la producción de alimentos. En la práctica no se opone a la privatización de las industrias nacionales en detrimento de familias rurales y obstaculiza cualquier cambio que promueva mayor soberanía alimentaria. En la práctica implementa programas paternalistas y paliativos que reproducen el grave rezago que enfrenta el medio rural, pesquero y de producción de alimentos.

Estos nuevos nombramientos deberían de preocuparnos. Enrique Martínez y Martínez es un economista quien afiliado al PRI ha ocupado algunos cargos relacionados a la administración estatal de Coahuila, incluyendo la gubernatura antes del periodo de los Moreira. No se consigna que haya hecho algo particularmente novedoso o innovador en ese respecto en el estado de Coahuila.

Por otro lado en el currículo de Jorge Carlos Ramírez Marín no se registra experiencia alguna en el área del desarrollo rural o de la resolución de conflictos relacionados al ejido, la propiedad comunal o privada de la tierra. Ninguno de los dos ha formado parte de comisiones responsables de estos temas en alguna de las cámaras. En sus historiales no se menciona ningún tipo de experiencia relacionada al desarrollo rural, pesquero, ganadero o de la producción alimentaria. Carecen de experiencia y, yo infiero, también de conocimiento.

No ubicar a expertos en la materia en secretarías como SAGARPA y de la Reforma Agraria indica que para el nuevo gobierno los temas de desarrollo rural, el rezago del campo y la producción de alimentos no son prioridades de la nueva agenda y proyecto de nación.

Esto resulta sumamente peligroso. La tendencia de los gobiernos pasados ha sido fortalecer la dependencia alimentaria de México especialmente hacia Estados Unidos. Importamos cantidades escandalosas de maíz, pollo, verduras y frutas que en México se podrían producir o que se producen sin redituarle al campesino ganancias justas.

México se subordina a políticas externas para producir, certificar, importar y exportar diversos alimentos, dejando al productor nacional en total desventaja frente a productos extranjeros que entran a bajo costo pero de mala calidad, o encareciéndolos, como el caso de las fresas mexicanas que cruzan la frontera norte para regresar a México empacadas a un precio a veces inaccesible.

Un país que no es soberano en sus formas de producir alimentos y alimentarse condena a su población rural a la pobreza, y al resto de la población a mal alimentarse, a disminuir el consumo de ciertos alimentos, a la desnutrición y al consumo en masa de comida chatarra.

Con los nombramientos de Enrique Martínez y Martínez  y Jorge Carlos Ramírez Marín se manifiesta la poca o nula importancia que el nuevo gobierno le dará al sector y que ambas Secretarías seguirán funcionando como hasta ahora: en la improvisación, la superficialidad y atendiendo intereses ajenos a los de la población rural relacionada a la producción de alimentos.  El plan de desmantelamiento del campo mexicano parece que seguirá vigente. Es parte de los puntos imperativos que incluyó el TLC y que es fundamental para consolidar el proyecto neoliberal en marcha.

Algo tenemos que hacer los interesados en estos temas desde varios frentes para incentivar y promover la producción local y una mejor alimentación. Un país dependiente hasta de los alimentos que su población consume es vulnerable por todos los flancos.

Hubo, antes de la elección del 1 de julio pasado, una esperanza al respecto con un proyecto de nación que incluía en su punto 9 un plan para rescatar al campo y apoyar la soberanía alimentaria.

Si no empezamos a tomar conciencia sobre todo lo que no cambiará a partir de hoy, producir nuestros alimentos de manera sustentable, aliviar el rezago de la población rural, resolver los conflictos de tenencia de tierra que paralizan la producción en el campo, pagar precios justos tanto para el productor rural como para el consumidor, alimentarnos y nutrirnos será “el proyecto que se nos fue”.