Sin
embargo de entre muchas de las preocupaciones que a mi me rondan –además del
excesivo poder que se le dará a la Secretaría de Gobernación y de la poca experiencia y
preparación que priva en casi todos los miembros del gabinete- resalta lo
relacionado al desarrollo rural, la política social para el campo y la
producción de alimentos. Durante su
campaña EPN hizo poca mención sobre estos temas, con excepción de la reiterada
promesa de “modernizar al campo” -cualquier cosa que eso pueda significar-.
Los
nombramientos de Enrique Martínez y Martínez y de Jorge Carlos Ramírez Marín,
como nuevos secretarios de la SAGARPA y de la Secretaria de la Reforma Agraria, evidencian
el desinterés, la poca importancia y la nula preocupación que el nuevo gobierno tiene sobre
el desarrollo rural, la actual situación del campo y la producción de
alimentos.
La
SAGARPA es la secretaria que elabora, planea e implementa proyectos
relacionados al desarrollo de la agricultura, la ganadería, la pesca y la
alimentación. En teoría es la instancia preocupada por promover, fomentar y
defender la producción nacional para el mercado interno y externo.
En la
práctica –y especialmente en el último sexenio- fue todo lo contrario al grado
de promover permisos para que empresas transnacionales experimenten con
cultivos de soya y maíz transgénicos en varios estados de la República amenazando la producción nacional y las
variedades de maíces criollos. En la práctica ha sido la Secretaría
que ha hecho caso omiso a las demandas que provienen del campo y de la costa
avalando el recorte a subsidios oficiales para incentivar la producción de alimentos. En la práctica no se opone a la privatización de las industrias nacionales en
detrimento de familias rurales y obstaculiza cualquier cambio que promueva mayor
soberanía alimentaria. En la práctica implementa programas paternalistas y
paliativos que reproducen el grave rezago que enfrenta el medio rural, pesquero
y de producción de alimentos.
Estos
nuevos nombramientos deberían de preocuparnos. Enrique Martínez y Martínez es un economista quien afiliado al PRI ha
ocupado algunos cargos relacionados a la administración estatal de Coahuila,
incluyendo la gubernatura antes del periodo de los Moreira. No se consigna
que haya hecho algo particularmente novedoso o innovador en ese respecto en el
estado de Coahuila.
Por otro lado en el currículo de Jorge Carlos Ramírez Marín no se registra experiencia alguna en el área del desarrollo rural o de la resolución
de conflictos relacionados al ejido, la propiedad comunal o privada de la
tierra. Ninguno de los dos ha
formado parte de comisiones responsables de estos temas en alguna de las cámaras. En sus historiales no se menciona ningún tipo de experiencia relacionada al
desarrollo rural, pesquero, ganadero o de la producción alimentaria. Carecen de experiencia y, yo infiero, también de conocimiento.
No
ubicar a expertos en la materia en secretarías como SAGARPA y de la Reforma
Agraria indica que para el nuevo gobierno los temas de desarrollo rural, el
rezago del campo y la producción de alimentos no son prioridades de la nueva
agenda y proyecto de nación.
Esto
resulta sumamente peligroso. La tendencia de los gobiernos pasados ha sido
fortalecer la dependencia alimentaria de México especialmente hacia Estados
Unidos. Importamos cantidades escandalosas de maíz, pollo, verduras y frutas
que en México se podrían producir o que se producen sin redituarle al campesino
ganancias justas.
México
se subordina a políticas externas para producir, certificar, importar y
exportar diversos alimentos, dejando al productor nacional en total desventaja
frente a productos extranjeros que entran a bajo costo pero de mala calidad, o
encareciéndolos, como el caso de las fresas mexicanas que cruzan la frontera
norte para regresar a México empacadas a un precio a veces inaccesible.
Un país
que no es soberano en sus formas de producir alimentos y alimentarse condena a
su población rural a la pobreza, y al resto de la población a mal alimentarse,
a disminuir el consumo de ciertos alimentos, a la desnutrición y al consumo en
masa de comida chatarra.
Con los
nombramientos de Enrique Martínez y Martínez y Jorge Carlos Ramírez Marín se manifiesta la
poca o nula importancia que el nuevo gobierno le dará al sector y que ambas Secretarías seguirán funcionando como hasta ahora: en la improvisación, la superficialidad y atendiendo intereses ajenos a los de la población rural relacionada a la producción de alimentos. El plan de
desmantelamiento del campo mexicano parece que seguirá vigente. Es parte de los
puntos imperativos que incluyó el TLC y que es fundamental para consolidar el
proyecto neoliberal en marcha.
Algo
tenemos que hacer los interesados en estos temas desde varios frentes para
incentivar y promover la producción local y una mejor alimentación. Un país
dependiente hasta de los alimentos que su población consume es vulnerable por
todos los flancos.
Hubo,
antes de la elección del 1 de julio pasado, una esperanza al respecto con un
proyecto de nación que incluía en su punto 9 un plan para rescatar al campo y
apoyar la soberanía alimentaria.
Si no
empezamos a tomar conciencia sobre todo lo que no cambiará a partir de hoy, producir nuestros alimentos de manera sustentable, aliviar el rezago de la población rural, resolver los conflictos de tenencia de tierra que paralizan la producción en el campo, pagar precios justos tanto para el productor rural como para el consumidor, alimentarnos y nutrirnos
será “el proyecto que se nos fue”.